Bradley Manning escuchó ayer impasible su sentencia por filtrar información confidencial a Wikileaks: 35 años de prisión que suponen la condena más dura por desvelar documentos secretos que cualquier estadounidense haya recibido jamás en un tribunal.
Se podría decir que la magistrada Denise Lind optó por un punto intermedio entre los 60 años de cárcel que solicitaba la Fiscalía y los 20 que había aceptado el propio Manning al declararse culpable de filtrar documentos secretos a la organización que dirige Julian Assange. Pero la condena se antoja especialmente dura si tenemos en cuenta que el oficial estadounidense Michael A. Peri fue condenado a cinco años menos por filtrar secretos militares a la Alemania comunista unos meses antes de la caída del Muro de Berlín.
La sentencia degrada a Manning al rango de soldado raso, confirma su expulsión del ejército y le quita el derecho a recibir cualquier compensación económica. Pero deja abierta la puerta a su reinserción al permitirle solicitar la libertad condicional cuando haya cumplido un tercio de su condena. Un extremo que podría propiciar su salida de prisión en apenas ocho años. Unos meses después de haber cumplido 33.
La legislación militar establece la revisión inmediata de la sentencia de Manning. Un proceso que llevará a cabo el oficial Jeffrey Buchanan como comandante del distrito militar de Washington y que podría reducir la condena o dejarla como está. Una vez resuelto ese trámite, los letrados de Manning podrán recurrir la sentencia ante otros dos tribunales militares y solicitar su indulto a la Casa Blanca.
La magistrada Lind reconoce en la sentencia que el soldado ya ha cumplido 1.294 días de su condena durante el tiempo que ha transcurrido desde su arresto y reduce su pena en algo menos de cuatro meses por los malos tratos que recibió durante su estancia en la prisión militar de Quantico.
Antes el proceso había exonerado a Manning del delito de ayudar al enemigo, que podría haberle granjeado una condena a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. El soldado estadounidense apenas tenía 22 años cuando llevó a cabo su primera filtración a Wikileaks: un vídeo en el que los pilotos de un helicóptero Apache asesinaban a nueve personas entre las que se encontraban un fotógrafo de la agencia Reuters y su conductor.
Entonces Manning estaba destinado en Irak como analista de la décima división de infantería y tenía acceso a archivos confidenciales del Pentágono de los que sacó la información que luego entregaría a Wikileaks. El soldado filtró unos 700.000 documentos. Entre ellos detalles sobre las intervenciones militares en Irak y Afganistán y miles de telegramas que desvelaron detalles embarazosos sobre los puntos de vista de diplomáticos estadounidenses en todo el mundo.
Sus letrados presentaron a Manning durante el juicio como un joven idealista que creyó que podía cambiar el curso de la guerra al filtrar información confidencial. También subrayaron los problemas de su infancia, su carácter inestable y el trastorno de identidad de género que le llevó a plantearse una operación de cambio de sexo en más de una ocasión.
El soldado se disculpó hace unos días por sus actos diciendo que había infligido un daño a otras personas y a su país. Explicó que había atravesado «dificultades considerables» durante su vida, pero añadió que no eran «una excusa para sus actos» y que era consciente de «lo que estaba haciendo» cuando desveló información confidencial.
Varias organizaciones humanitarias expresaron ayer su rechazo a la sentencia. «Manning actuó en la creencia de que podría iniciar un debate significativo sobre los costes de la guerra y sobre la conducta del ejército de EEUU en Irak y Afganistán», afirmó Widney Brown, portavoz de Amnistía Internacional.
Más optimista fue la reacción del activista australiano Julian Assange, que saludó la sentencia como una «victoria táctica», de la defensa. Pese a todo, el director de Wikileaks se mostró muy crítico con los fundamentos del proceso, advirtiendo que la condena es «una afrenta a los conceptos básicos de la Justicia» y acusó a Obama de demostrar que «no hay lugar» en Estados Unidos «para personas con principios y con conciencia».
El Gobierno ha iniciado acciones legales contra siete personas desde la llegada de Obama a la Casa Blanca. Una cifra notable si tenemos en cuenta que sus predecesores sólo habían imputado a tres.
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