La simplificación de la contratación continua siendo la vuelta de tuerca pendiente –y que más expectación genera– de la reforma laboral. En la propia norma estaba previsto que, al año de su aplicación, se realizaría un informe de su efectividad y se acometerían los ajustes necesarios.
La evaluación llegó al Consejo de Ministros el pasado viernes, un examen que se completará con el que la OCDE entregue, previsiblemente, a finales de año. La auditoría iba acompañada de varios retoques aprobados en el BOE que afectan fundamentalmente a la negociación de los ERE en las empresas y a la limitación, entre otros, de las demandas individuales frente a los despidos colectivos. Poco, más bien nada, se ha concretado en cambio sobre el menú de 41 tipos de contrato agrupados en torno a cinco categorías que prevé la legislación laboral española. Y ello a pesar de que la propia ministra Fátima Báñez ya había esbozado parte de los planes del Ejecutivo en materia laboral el pasado 30 de julio, durante unas jornadas en La Granda (Avilés). Fue allí donde la titular de Empleo se reafirmó en que no se trataba de hacer «una nueva reforma laboral» sino de tomar «decisiones» en función de los resultados que arrojase el examen.
Desde el ministerio precisan que la reforma «será como un sistema de pestañas» y que se seguirá manteniendo «la misma cantidad de contratos». Las mismas fuentes sitúan estos cambios previsiblemente en el cuarto trimestre de este año y, en cualquier caso, «después del verano».
No obstante, las escuetas palabras de la ministra y de su departamento no aportan mucho más respecto al primer anuncio de reforma de la contratación el pasado abril, cuando Báñez habló de una «reforma administrativa» para que las empresas «conozcan mejor los 40 tipos de contrato» y los «beneficios e incentivos que lleva aparejado cada tipo». En el Ministerio de Empleo matizaron entonces que esta vuelta de tuerca aspiraba a «clarificar todo el sistema de contratación y bonificaciones» dentro de las tres formas que prevé la ley: indefinida, temporal y de formación. A su vez, suponía un guiño a una reivindicación habitual entre los empresarios y que se concretó en una propuesta simplificadora de la contratación por parte de la patronal. Su presidente, Juan Rosell, se ha significado en no pocas ocasiones en favor también de los minijobs, como vía de acceso de los jóvenes al mundo laboral.
El debate sobre la contratación no ha tardado tampoco en mezclarse con el del contrato único, que sacaba a la palestra el comisario europeo de Empleo, László Andor, el pasado mayo como alternativa para reducir el desorbitado paro juvenil y la dualidad del mercado de trabajo. Gobierno, partidos políticos y agentes sociales se apresuraron en descartar este modelo, pero ello no impidió que muchos expertos en derecho laboral retomasen la demanda de un modelo más simple.
De ahí la propuesta de Fedea, recientemente revisada, de tres tipos de contrato: uno de formación «bien diseñado»; un contrato de interinidad; y uno indefinido. Una fórmula muy en la línea de la del abogado Íñigo Sagardoy, con la diferencia de que el contrato indefinido va diseñado según el patrón del contrato para emprendedores creado por la reforma laboral, que introduce un periodo de prueba de un año que, de no superarse, no da derecho a indemnización. Desde Garrigues, Fernando Cano, asociado senior del bufete, cree que «todo lo que sea simplificar será bueno, siempre que se haga con rigor». En su opinión, hay margen para ello «en ciertos tipos de contratos temporales», aunque es posible que «todas las causas de la temporalidad no quepan en un único contrato» pues «podría dar lugar a fraudes en la contratación».
Los últimos datos de paro, del mes de julio, revelan niveles récord en la contratación temporal por horas y el desplome, del 58% de los indefinidos. Una constatación de que los ansiados brotes verdes en el empleo son, de momento, estacionales y precarios. Y una invitación a la ministra, que promete actuar según los resultados, para seguir trabajando en ello.
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