Es la trampa que muchos encuentran a la ley antitabaco. Allí donde está prohibido encender un pitillo tradicional, sí se puede fumar un cigarrillo electrónico (al menos, la normativa no dice lo contrario). En teoría, estos dispositivos no llevan nicotina, aunque un análisis de la agencia americana del medicamento (FDA) constató en 2009 que además de esta sustancia, incluyen otras que son cancerígenas (como las nitrosaminas) y tóxicas (como el dietilenglicol, un anticoagulante). Por eso, la Organización Mundial de la Salud de momento recomienda no usar los llamados e-cigs, al menos hasta que estudios serios e independientes demuestren su seguridad.
Países como Australia han prohibido la comercialización de estos cigarrillos electrónicos. A esa medida se han sumado algunos estados de EEUU, pero el Gobierno español aún no se ha pronunciado al respecto. Sólo Cataluña ha optado por aconsejar a los hospitales y los centros de salud que prohíban el empleo de los e-cigarrillos en sus dependencias, por un principio de precaución.
Al igual que se desconocen sus efectos en la salud del fumador, tampoco está claro hasta qué punto «las sustancias que se vapean y provocan humo pueden ser perjudiciales para las personas que le rodean», señala Juan Antonio Riesco, experto en tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. «Abogamos por que la Administración vaya tomando cartas en el asunto» y que «no se utilicen estos dispositivos donde no se puede fumar».
A pesar de las advertencias y el desconocimiento sobre su efecto en la salud, este producto está viviendo su tiempo de gloria. No sólo aumenta el número de e-smokers, también el de establecimientos monográficos que abren sus puertas para vender «un producto que no es ilegal ni legal», señala Rodrigo Córdoba, miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabaco (CNPT). Una alegalidad muy rentable porque se estima que su venta en los dos últimos años se traduce en 500 millones de euros en Europa y se prevé que alcance los 2.000 millones en todo el mundo a finales de este año.
Todo gracias a las promesas que proclaman los propios fabricantes, que aseguran que este dispositivo electrónico «le permitirá dejar de fumar» y «se puede utilizar en la mayoría de los sitios públicos», ya que, al igual que «no es nocivo para su salud», tampoco «para la de aquellos que le rodean». Sus mensajes publicitarios dejan huella. Según un estudio publicado en la revista American Journal of Preventive Medicine, la mayoría de quienes se enrolan en este hábito del vapeo, lo consideran menos perjudicial que los cigarrillos de siempre y confían en que reducirán su consumo de tabaco.
Para empezar a contar verdades, resaltan los expertos, no existe evidencia científica que demuestre que el cigarrillo electrónico es eficaz para dejar de fumar. Sólo estudios «puntuales, con una muestra muy pequeña, con metodología dudosa y resultados poco significativos». De estos, lo más destacable son los datos que indican un menor consumo de cigarrillos, que al parecer disminuye a la mitad cada día (en el 57% de los casos, frente al 41% con los parches de nicotina). Sin embargo, argumenta Córdoba, «se sabe que esta cantidad apenas reduce el riesgo de cáncer de pulmón, bronquitis e infarto». El objetivo médico es la abstinencia total.
La diferencia real entre ambas alternativas, subraya Francisco Rodríguez Lozano, presidente del CNPT, es que «sí hay trabajos científicos sólidos que avalan la seguridad y la eficacia de los parches y se sabe que su único efecto secundario sería la irritación local de la piel». En cuanto a los e-cigs, insiste, «desconocemos las sustancias que llevan y su efecto a largo plazo sobre la salud». A corto plazo, «hay información muy contrastada que describe algunos casos de fibrosis pulmonar», apunta el presidente de la CNPT.
Dadas las irregularidades que acompañan a este producto, la FDA ha prometido emitir un veredicto antes de que finalice este año para controlar la comercialización de este dispositivo. De momento, en Europa los cigarrillos electrónicos ni son un producto de tabaco ni se consideran medicamentos de prescripción médica.
Se encuentran en un limbo jurídico de tal calibre que, a pesar de contener sustancias cancerígenas y tóxicas y de no saber cómo pueden influir en la salud, están disponibles tanto en gasolineras como en farmacias. Y esto es lo que Bruselas pretende cambiar con una nueva normativa que se votará en el Parlamento europeo el 8 de octubre. El objetivo es que sólo puedan comercializarse si pasan los controles de las autoridades sanitarias, pero antes de considerarlos fármacos tendrán que hacerse estudios independientes y serios que certifiquen su seguridad y eficacia.
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