El aumento de impuestos al sector eléctrico que entrará en vigor el próximo 1 de enero traerá consigo una multitud de denuncias en los tribunales. La plataforma Protemorsolar, que agrupa a la industria termoeléctrica, advirtió ayer al Gobierno de que las nuevas medidas fiscales «tendrán consecuencias legales y financieras» ya que «conducen a las centrales termosolares ya existentes a una situación muy comprometida».
La patronal de esta tecnología sostiene que, «además de las reclamaciones ante los más altos tribunales de nuestro país», la batería de impuestos provocará que empresas y fondos extranjeros denuncien al país ante las Cortes de Arbitraje Internacional por «cambiar las reglas de juego» en mitad del partido. Algo que, rematan, «posiciona a España como un lugar inseguro para futuras inversiones».
La plataforma renovable argumenta que el nuevo impuesto a la generación eléctrica del 7% conlleva «una discriminación evidente» hacia las energías verdes, ya que éstas no podrán trasladarlo al consumidor tal y como ya han hecho las eléctricas tradicionales.
Además, insiste, «las centrales termosolares resultan discriminadas contra todas las demás porque, además del impuesto a la generación, ven recortados sus ingresos al dejar de recibir las primas, fijadas legalmente, correspondientes a la generación relacionada con el uso de gas natural».
Otras asociaciones como Acogen -que agrupa a la industria cogeneradora- también han advertido que denunciarán la Ley porque incluye «aspectos anticonstitucionales». Según su presidente, José Manuel Collados, los impuestos son «discriminatorios» porque suponen «un doble varapalo» para esta industria al gravar la generación eléctrica y el consumo de gas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario