lunes, 10 de diciembre de 2012

Obligan a un enfermo a pagar el 40% de del precio de sus medicinas por coger un empleo de 19 días



«Si lo sé, no cojo el trabajo». Julio Cayuela es un enfermo crónico desde que le trasplantaron aquel riñón en 2002 y no tiene empleo, ni subsidio. Con su desventura a cuestas, paga el 40% del precio de las 11 pastillas diarias que necesita, 31,32 euros cada mes si no se quiere morir. 
Él, que podía ser un desempleado exento de copago, perdió su condición de parado de larga duración (tres años y medio sin tajo) la tarde de agosto en que aceptó un trabajo por 500 euros que duró... 19 días. 19 días y 500 euros. Como el lamento de Sabina. Como las canciones de desamor. Como la crisis. «Voy a pedirle a Rajoy que me rescate». 

Julio es un daño colateral del copago farmacéutico, una historia en carne con el hueso de la nueva ley. Después de tres meses de quejas, de silencios administrativos y de respuestas de ventanilla en la Seguridad Social, el centro de Salud de Pinto (Madrid), la Gerencia de Getafe y Móstoles, las oficinas centrales de una de las áreas sanitarias de Madrid y hasta el Ministerio, Julio ya no sabe qué hacer. «El mes que viene no sé de dónde sacaré el dinero». 

Este ex administrativo madrileño vive de una renta con pinta de final. Posee una casa que alquila por 610 euros al mes, un sueldo del que ha ido tirando los últimos años pero que se acaba en enero, cuando el inquilino se vaya para siempre «porque dice que ya no lo puede pagar». 
El Decreto que entró en vigor el 1 de julio inventó el repago farmacéutico: pensionistas, algunos parados, activos... Todos, en alguna u otra medida, deberían pagar por los fármacos. Entre las personas que están exentas, la norma incluye a los parados de larga duración que hayan agotado su prestación. O sea, recetas con el código 001. 

Sin embargo, si reciben la ayuda de 400 euros y tienen propiedades, el decreto fija un pago de los medicamentos en función de la renta. Así, los pensionistas abonan el 10% del precio con un límite de ocho euros al mes si ganan menos de 18.000 euros al año, un límite de 18 si perciben entre 18.000 y 60.000 y un tope de 60 si el pellizco es de más de 100.000 euros. Recetas con código 002. 
Aun más allá, la norma indica que deberán pagar el 40% de las medicinas los activos laborales con rentas inferiores a 18.000 euros y los parados con prestación. O sea, recetas con el código 003. 
Y aquí es donde empieza esta historia. O al menos en parte. 

Julio tiene una renta declarada de 7.531 euros al año y ya no es un parado de larga duración. Es decir, por un lado tiene una renta inferior a 18.000 euros (código 003), pero por otro no cobra desempleo (código 001). «Es surrealista, lo sé», dice pegado a sus cajitas de salud. 
La cuestión es que el 13 de agosto, cuando Julio fue dado de alta como portero en un edificio de Madrid, sus datos tributarios y sanitarios se cruzaron y él pasó a ser un activo que debería pagar sus medicinas en función de su renta. En ese momento perdió su condición de parado crónico y entró en la bolsa de los que trabajan, cotizan y pagan. 

Pero por 19 días. Al vigésimo, ese 1 de septiembre que no olvidará, Julio se convirtió en un parado. Pero en un parado sin prestación. «Coticé tan poco tiempo que no tengo derecho a subsidio. Acepté el trabajo porque después de tres años y medio sin nada, 500 euros y algo que hacer cada día me parecieron un tesoro. Ya ves». 

El «ya ves» es lo que ha decidido la Administración: rentista de menos de 18.000 euros, código 003, abone el 40% del precio de los fármacos. 
Y eso en un enfermo trasplantado de riñón, en aquel Julio que hace años que no juega al rugby, es un festín involuntario de cápsulas. Una unidad de colirio, cuatro pastillas para la tensión, una para el colesterol, otra para el azúcar y cuatro para el rechazo. «Me tomo cinco por la mañana y seis por la tarde. El estómago ya tiene callo». 

Lo sabe desde 2002, cuando la diálisis no dio más de sí y la esperanza fue el trasplante. El órgano funcionó y Julio empezó a medicarse para vivir. Un tribunal médico le concedió el 85% de minusvalía. Años después, la justicia médica consideró que Julio podía trabajar y le rebajó la discapacidad al 33%. Anduvo en algún empleo, siguió atiborrándose de principios activos y, en febrero de 2009, ingresó en ese paro largo y feo que se interrumpió 19 días. 

Hoy, con su tercio de minusvalía y su circunstancia, Julio asalta mensualmente la farmacia armado de un taco de recetas. «Paga 31,32 euros al mes», cuentan en la botica. 
Si la cuenta no sube más es porque algunos de los 11 medicamentos que necesita son de aportación reducida, es decir, le cuestan a un crónico un 10% del precio. «Si no fuera así, el desembolso se le dispararía más», aventuran en la farmacia mientras atienden a pensionistas, parados y a los activos del copago rampante.

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