El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a pagar una multa de 20 millones de euros por no cumplir una sentencia dictada en 2002 por el mismo Tribunal en relación a ayudas ilegales que el Gobierno concedió a la sociedad industrial del País Vasco Magefesa. España, además, tendrá que abonar a la Comisión 50.000 euros diarios, a contar desde ayer, por cada día de retraso en la aplicación de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de 2002.
En 1989 el Gobierno español y los consejos de varias comunidades concedieron una serie de créditos y subvenciones a este grupo industrial que la Comisión estimó ilegales por no adecuarse a los precios de mercado y contravenir las normas europeas de Competencia.
Siete años después, en 2006, Bruselas concluyó su evaluación del caso y constató que el Gobierno no había obligado a esta compañía a devolver dichas ayudas al estar en situación de concurso de acreedores. Actualmente una de sus filiales, Euskomenaje, continúa operando aunque también se encuentra en proceso concursal.
El Tribunal recuerda que «el hecho de que una empresa se halle en dificultades económicas o en situación concursal no afecta a la obligación de recuperar las ayudas pagadas ilegalmente».
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