Spanair sigue dando problemas

Pese a quebrar a principios de año, Spanair sigue dando problemas a su antiguo consejo de administración. El Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha citado a declarar como imputados a los diez miembros de este consejo tras admitir a trámite una querella en las que les acusa de apropiarse de unos 260.000 euros que corresponderían al seguro profesional de los pilotos y copilotos de la compañía. A finales de octubre desfilarán por el juzgado nombres tan conocidos del empresariado catalán como el director general del Manchester City, y ex presidente de Spanair, Ferran Soriano, el director general del Real Automóvil Club de Cataluña, Josep Mateu Negre, el hotelero Joan Gaspart, el director general de la Fira de Barcelona, Agustín Cordón o el consejero delegado de Serhs, Jordi Bagó, y el representante de Catalana de Iniciatives, Manuel Albanell. También deberán comparecer los dos directivos de SAS en el consejo de Spanair, Benny Zakrisson y Michael Balint; el presidente de Moventia, Miquel Martí, y Tatxo Benet, directivo de Mediapro que invirtió a título personal en la compañía. 

Fuentes judiciales explicaron a este diario que todos los imputados, a título personal, han presentado ante la Audiencia de Barcelona un recurso para evitar su comparecencia ante el tribunal. 

La querella la presentó un grupo de unos 300 pilotos y copilotos de la compañía aérea para denunciar que, durante la quiebra, Spanair se había quedado una cantidad de dinero correspondiente al seguro profesional, ya que la empresa pagaba una parte y los trabajadores otra. El escrito de los denunciantes, avanzado por El Periódico de Catalunya, destacaba que en agosto de 2000, un acuerdo entre las partes establecía que la aerolínea se haría cargo del 70% del pago de la póliza como complemento salarial, mientras que los empleados pagaban otro 30% mediante una retención en su nómina. Pese a esto, los trabajadores consideran que la empresa dejó de pagar el seguro durante el segundo semestre de 2011 pero siguió reteniendo a los pilotos el 30% que éstos debían pagar por la póliza, lo que suma 258.837 euros. 

En un principio, los querellantes también reclamaron que el antiguo consejo de administración se había quedado con unos 360.000 euros correspondientes a dejar de pagar un seguro médico de los pilotos, tripulantes de cabina y copilotos entre abril y diciembre de 2011. 

En un principio, esta parte de la querella no ha sido admitida por el juzgado por lo que la investigación se centrará en el dinero correspondiente al seguro profesional por un presunto delito de apropiación indebida por parte de los miembros del consejo imputados. La querella indica que según el Código Penal la pena por este delito podría llegar a los ocho años de cárcel.