El ex presidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar formalizó con su puño y letra 104 de los 115 contratos realizados días antes de la celebración del congreso provincial del PP de 2010, que situó a su hijo, Manuel Baltar, al frente del partido en Orense. Los contratos sirvieron para colocar a parientes de numerosos concejales y candidatos del PP en la provincia gallega.
Según la documentación que ha salido a la luz y que la Fiscalía ha utilizado como base para interponer una querella por un delito de prevaricación continuada, los empleos públicos se repartieron entre 39 hijos, 25 hermanos, 9 esposas, 5 maridos, 5 sobrinos, 4 yernos, 2 madres, 2 nietos, 2 nueras, 1 padre, 1 ex mujer y 1 ahijado. Todos ellos emparentados con concejales o candidatos a diferentes alcaldías de los distintos municipios de la provincia de Orense. Estos fichajes posibilitaron y posibilitan el control absoluto de la provincia y la lealtad a un movimiento conocido como baltarismo, tolerado durante años por la dirección del PP.
Y es que en la documentación estudiada por la Fiscalía, y tal y como consta en la querella interpuesta por el fiscal Florentino Delgado, los 104 contratos se realizaron a dedo, sin los informes técnicos correspondientes, y aparecen firmados de puño y letra por el ex presidente.
Además, y según ha podido saber este periódico, «en ninguna de las 104 contrataciones existió convocatoria previa u oferta en el Boletín Oficial de la Provincia o en el tablón de edictos, o de cualquier otro modo o manera que evidenciara la publicidad de las ofertas de la contratación». En la querella se sostiene que «existe una intención del querellado, José Luis Baltar, que conocía la absoluta ausencia de procedimiento de contratación y que quería de manera directa que fuesen esas personas, y no otras, las que ocuparan los puestos por los que hizo pasar por necesarias e inaplazables las contrataciones bajo su propia consideración». Además, y según confirmaron distintas fuentes del grupo provincial socialista, el ex presidente justificó la necesidad de las plazas en ocho decretos de la presidencia. En todo caso, se concluye por parte de la Fiscalía que «las personas fueron elegidas por el propio presidente sin sometimiento a los principios mínimos que rigen la contratación pública».
Junto a la vulneración de los procedimientos reglados para la convocatoria de las plazas, el fiscal aprecia la vulneración de dos leyes nacionales. En concreto, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2009, que establecía la prohibición de contratar a personal temporal e interino para todas las administraciones públicas, salvo en casos de urgente necesidad, limitación que salvó con unos decretos de dudosa justificación.
Los contratados en las vísperas del congreso provincial del PP de Orense, que permitió la sucesión familiar en la dirección del partido, se repartieron por los distintos organismos dependientes de la institución. En concreto, el PSOE, a través de sus asistencias técnicas, ha localizado a 12 trabajadores en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, cuatro en la imprenta de la Diputación y 22 obreros y 9 empleados en el Teatro Principal de la ciudad de Orense.
En algunos organismos, como la llamada imprenta provincial -que arroja unas pérdidas anuales de 360.000 euros-, la plantilla alcanzó los 26 trabajadores. Precisamente, sobre esta instalación el Grupo Socialista había presentado varias preguntas «por las dudas que teníamos sobre la utilización para fines partidistas, como la impresión de material electoral del PP, y por el elevado coste por folio para las arcas provinciales», según apuntó la secretaria de Organización del PSOE en Orense, María Quintas.
Las características y la urgencia de las contrataciones también llamaron la atención de la Fiscalía y de la propia oposición porque tienen este carácter «un albañil para asistencia técnica, un auxiliar administrativo para asistencia técnica o un monitor sociocultural».
La apertura del proceso penal, a falta de la admisión a trámite por parte del juez de la querella, ha provocado que el PSOE se persone como acusación y que promueva la extensión de la acción judicial a otros procesos de contratación del ex barón popular y del actual presidente. De hecho, sus servicios jurídicos estudian 40 contratos realizados por Manuel Baltar y de los que se benefician ediles populares desempeñando su función en los servicios sociales de diferentes ayuntamientos.
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