Fuera de la cárcel el sacerdote italiano Alberto Barin, de 51 años y desde 1997 uno de los dos capellanes de la prisión milanesa de San Vittore, se dejaba la piel defendiendo los derechos de los reclusos. Firmaba solicitudes a favor del voto para los presos, secundaba peticiones en defensa de la amnistía para los condenados por delitos menores, denunciaba con voz alta y clara las lamentables condiciones de vida de los presos, concedía entrevistas, participaba en convenios, movilizaba a voluntarios... «Si entro todos los días en la cárcel de San Vittore es porque creo en el hombre y en sus posibilidades», solía decir.
Sin embargo, y según los indicios recogidos por la Fiscalía de Milán, dentro de la cárcel el padre Alberto se comportaba como un auténtico monstruo. Se convertía en un tipo desaprensivo capaz de obligar a reclusos jóvenes, de entre 22 y 28 años y procedentes del norte de África, a satisfacer sus exigencias sexuales. Todo ello, a cambio de productos de primera necesidad que en un presidio pueden convertirse en objetos de lujo (una bote de champú, un cepillo de dientes, pequeñas sumas de dinero, un paquete de cigarrillos...) y de la promesa de que intercedería a su favor de cara a su posible puesta en libertad por buen comportamiento.
El padre Alberto fue arrestado el pasado martes, acusado de violencia sexual continuada y de concusión, con el agravante de abuso de autoridad. La Fiscalía de Milán le achaca la violación de al menos seis presos: cinco de ellos acusados de pequeños delitos y el sexto, de homicidio. Y no se descarta que las víctimas del capellán pudieran ser en realidad muchas más.
Las sospechas contra Alberto Barin se desataron en junio pasado, cuando uno de los reclusos de San Vittore denunció haber sido violado por otro preso. «Y no es la primera vez», se lamentó en su declaración. Esa simple frase puso en alerta a los fiscales, que le exigieron que diera más detalles. Y fue así como salió a relucir el nombre de Alberto Barin, uno de los dos capellanes de la prisión milanesa.
Para comprobar las acuasciones contra el sacerdote, los magistrados decidieron instalar una pequeña cámara oculta en el despacho del padre Alberto en la prisión. Las cuatro grabaciones realizadas parece ser que hablan por si solas: muestran al sacerdote exponiendo de manera explícita y sin rodeos sus requerimientos a los presos, así como la puesta en práctica de la violencia sexual. Posteriormente, y tras haber obtenido las perstaciones sexuales exigidas, se ve cómo abre un pequeño armario del que saca bienes de primera necesidad que regala a las víctimas.
«El acusado ha utilizado su posición en la prisión, sus funciones, sus limitados poderes y su proximidad cotidiana a los detenidos para satisfacer casi obsesivamente sus pulsiones sexuales», sentencia el juez que ha realizado la investigación preliminar, el magistrado Enrico Manzi.
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